¿Problema de Fiscalización o de Precios y Valor?

• El problema de evasión del Transantiago no se resuelve con mayor fiscalización y multas sino con un mayor rango de planes, opciones y precios
• A $740 por viaje, el gasto mensual para un trabajador de salario mínimo representa hasta un 17% de sus ingresos. Una multa por evasión sube la cifra a 37%.
• Estudios realizados en el 2016 reflejan un claro comportamiento segmentado de uso y compra. Sin embargo, la recomendación fue mayor fiscalización y no estudio de razones detrás de la evasión
• La fiscalización agresiva contra evasores, de no preservarse de forma continua en el tiempo, tendrá solo un efecto temporal e insuficiente como medida correctiva permanente.

(Santiago, Chile – 7 de Febrero, 2018) “El problema de evasión del Transantiago no se resuelve con mayor fiscalización y multas sino con un mayor rango de planes, opciones y precios”, comenta José Rafael Mirabal, presidente de Mirabal & Partners, consultora especializada en estrategias de precios con base en Santiago.

“Si el problema del Transantiago fuese efectivamente uno de fiscalización, ¿por qué 1 de cada 4 usuarios continúa evadiendo pese las fuertes medidas y multas? La respuesta es simple:

El problema no es de fiscalización sino de valor y precios.

La raíz del problema es que, desde la percepción de estos usuarios, el precio del servicio simplemente no vale lo que cuesta. Y en la ausencia de opciones fuera de los $740 que cuesta un ticket en hora punta, la respuesta al problema de estos usuarios es simple: evadir.” Agrega Mirabal.

Reducción por efecto de fiscalización

“Una reducción por efecto de mayor fiscalización, de no preservarse en el tiempo, tiende a tener un efecto temporal e insuficiente como medida correctiva permanente”, comenta Mirabal. “Por otro lado, la pregunta que queda en la mente es, ¿cuál es el costo real de la medida para todos los actores envueltos? La Ministra Tapia habla de operativos masivos de inspección y casi el doble de inspectores privados y Carabineros. Si la reducción obedece a la necesidad de recuperar los ingresos perdidos, habría que estimar el costo adicional incurrido para tener una idea que la medida implementada tuvo en efecto sentido económico”, explica Mirabal.

Fiscalización de la “Viveza”

“Por otro lado, si el problema de evasión fuese uno de ´viveza idiosincrática´ de los usuarios, los estudios realizados en el 2016 hubiesen mostrado tasas de evasión similares en todas las comunas. Sin embargo, el estudio original reflejó un comportamiento claramente demarcado entre las comunas del oriente y poniente de Santiago, jurisdicciones definidas por umbrales de ingreso económico bien definidos”, comenta Mirabal.

“El problema principal es de valor: el precio del servicio para los usuarios de estas comunas simplemente no vale el servicio y por ende evaden.”

“Lo interesante es que, a pesar de esta información, la recomendación fue establecer más fiscalizaciones y no estudiar las necesidades del segmento para establecer una estrategia de precios que respondiera a las necesidades y requerimientos de estos grupos de personas”, agrega Mirabal.

El verdadero problema del Transantiago

“Considerando un precio de $740 por ticket y un viaje ida/vuelta al puesto de trabajo en hora punta, el gasto mensual de uso del servicio asciende a $32.560. Eso es 11,8% del salario mínimo líquido de un trabajador” explica Mirabal. “Y si el viaje diario requiere una parada intermedia a otro destino, el gasto mensual se incrementa a 17%. Suma una multa por evasión y el costo Transporte podría ascender a 37% del salario mínimo. Bajo esta realidad económica, ¿cuál es el incentivo del usuario sino evadir el servicio?”

La raíz del problema: falta de mayores opciones de precios

 “El problema no se resuelve con más fiscalización sino con una flexibilización del rango de opciones, planes y precios que disponen los usuarios”, comenta Mirabal.

“Paquetes diseñados por comportamiento de uso y compra, descuentos progresivos por volumen e incentivos trazados para estos segmentos no solo proveerían una solución sino también aliviarían el problema sistémico que la evasión representa tanto para el usuario como para las concesionarias y el gobierno”, concluye Mirabal.

“Después de todo, el propósito base del servicio es precisamente ese: ofrecer un servicio de valor al consumidor y no una trampa económica que incentiva la evasión y genera penas para aquellos que usan el servicio”, termina Mirabal.